Léa Gauthier
Plaidoyer Humanitaire/Humanitarian Advocacy Advisor – Médecins du Monde, Francia
Las crisis afectan directamente a la salud de las personas. Provocan violaciones del derecho a la salud y perturbaciones en el acceso a la asistencia debido a la inseguridad, los combates, los ataques contra el personal o las edificaciones, la destrucción de las infraestructuras médicas y los puestos de control que impiden acceder a tiempo a una asistencia de calidad. Además, a menudo son concomitantes o conducen a un debilitamiento de los Estados y de los sistemas de salud pública, que ven cómo disminuye o se detiene la financiación de las estructuras sanitarias, se producen interrupciones en el abastecimiento, retrasos en el pago de los salarios del personal sanitario (o directamente se dejan de pagar), todo lo cual es sinónimo de una reducción de la calidad de la atención. Por último, más allá de provocar un aumento de la vulnerabilidad de las personas, especialmente de las que ya están marginadas por las sociedades y/o los sistemas sanitarios, las situaciones de crisis crean necesidades sanitarias específicas para las personas desplazadas o refugiadas, heridas, las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad y mayores.
Las crisis son hoy cada vez más complejas y duraderas. En 2020, más de mil millones de personas (el 16% de la población mundial) vivieron en países con crisis. Los conflictos y los desplazamientos forzados están en el origen de la mayoría de estas crisis, y se calcula que 215,6 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria en 2020.
Sin embargo, a medida que aumenta el número de personas que necesitan ayuda, el espacio humanitario se reduce cada vez más.
El espacio humanitario es un concepto que simboliza el entorno en el que, como organización humanitaria no gubernamental, podemos trabajar. Se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Abarca varias cuestiones interrelacionadas vinculadas con el DIH, el acceso y la financiación de las crisis humanitarias.
En la actualidad, varias tendencias subyacentes contribuyen a restringir gravemente el espacio en el que se ejerce la acción humanitaria independiente e imparcial.
En primer lugar, el incumplimiento de los marcos jurídicos internacionales y las violaciones del DIH y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos repercuten tanto en las poblaciones destinatarias de los proyectos de Médicos del Mundo (MdM) como en la capacidad de MdM para prestarles servicios oportunos y de calidad. Estas violaciones -por ejemplo, los ataques a instalaciones médicas en Siria o Yemen-, afectan principalmente a civiles: hoy en día representan entre el 80% y el 90% de las víctimas de los conflictos en el mundo.
Por lo tanto, el acceso a las personas necesitadas se ve comprometido por una tendencia subyacente destinada a reforzar el control de los Estados sobre las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG internacionales. Esto afecta tanto a la posibilidad de que MdM, como organización humanitaria no gubernamental, acceda a zonas y poblaciones necesitadas de asistencia, como a la posibilidad de que las poblaciones que viven en contextos de crisis accedan a una atención sanitaria de calidad cuando la necesitan.
Además, la politización de la financiación humanitaria y la infrafinanciación crónica de ciertas crisis olvidadas por la comunidad internacional están contribuyendo a reducir aún más la capacidad de los agentes humanitarios de actuar en las condiciones previstas por el DIH y de ayudar a quienes lo necesitan.
Entre estas cuestiones, algunas tienen un impacto más acuciante que otras.
El personal humanitario lleva años aplicando técnicas y tecnologías destinadas a reducir las dificultades logísticas y las barreras físicas para acceder a las zonas afectadas por las crisis: en situaciones de inseguridad o de destrucción de las vías de acceso, se realizan vuelos especialmente para el personal humanitario. Las organizaciones francesas han puesto en común sus recursos para reforzar su capacidad de salvar la "última milla”.
Sin embargo, hoy en día, las barreras administrativas, las leyes restrictivas, los obstáculos y el acoso son los que más afectan a nuestra capacidad para cumplir nuestro mandato.
La tendencia creciente de los Estados a controlar la actividad internacional dentro de sus fronteras, sin tener en cuenta los marcos jurídicos internacionales existentes y las obligaciones de los Estados en virtud del DIH, se plasma hoy en día en la aplicación de medidas antiterroristas y regímenes de sanciones, y su falta de adaptación a la acción humanitaria.
Estas medidas y regímenes, así como las leyes nacionales resultantes, pueden llegar a considerar las acciones humanitarias como una forma de apoyo ilícito a las actividades terroristas, con el consiguiente riesgo de persecución de los miembros y el personal de las ONG. Denunciamos esta criminalización de la acción humanitaria.
Nos preocupa especialmente que estas medidas y regímenes creen un sesgo de seguridad para las trabajadoras y trabajadores humanitarios sobre el terreno, al reducir la aceptabilidad y el acceso de las poblaciones a la ayuda, que puede percibirse como unilateral o no neutral. Las obligaciones de "escrutinio” e "investigación" de nuestro personal, socios y proveedores pueden reforzar esta percepción negativa. Por ello, nos negamos y nos negaremos siempre a "investigar" a las personas beneficiarias de nuestros programas.
Todas estas obligaciones representan una transferencia de riesgos de los Estados a los donantes y a las ONG. Por el contrario, abogamos por que el riesgo, que venimos analizando y teniendo en cuenta desde hace años, se reparta entre las distintas partes interesadas. Por ello, pedimos que se tenga en cuenta la especificidad de la acción humanitaria y que los Estados integren las exenciones humanitarias en sus legislaciones nacionales. Sólo así se podrá preservar el espacio humanitario, un bien común de la humanidad.