El 30 de marzo de 2021, 25 jefes de Gobierno y el Director General de la OMS pidieron que se negociara un tratado sobre pandemias que permita a los países de todo el mundo reforzar las capacidades y resiliencia nacionales, regionales y mundiales ante futuras pandemias. La idea provenía de la experiencia con la COVID-19, donde ningún gobierno u organismo multilateral había podido abordar este problema individualmente. A partir de ese momento se han iniciado las discusiones sobre qué debería asumir o no este nuevo tratado pandémico, aunque es necesario que al menos se definan qué actores, qué hoja de ruta y qué procesos tendría el desarrollo de este tratado pandémico.
Quizás lo primero sería definir los valores en los que se sustenta. La equidad en el acceso a las posibles soluciones que emanarían de su desarrollo debería estar en el centro de la discusión, por encima de intereses comerciales o políticos, porque no se puede ni se debe repetir la situación de inequidad que se ha visto en la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Otro asunto importante que debe clarificarse es si este tratado debe ser de obligado cumplimiento o voluntario. Existen demasiados compromisos mundiales voluntarios que se muestran poco efectivos y sería importante que los acuerdos derivados de este tratado fueran vinculantes, aunque habría que superar problemas importantes. El primero es saber si todos los países lo suscribirían, porque esto les obligaría a ceder parte de su independencia por un bien común, y ha habido demasiados ejemplos recientes de lo contrario, sobre todo de las grandes potencias mundiales.
Si se quiere un tratado eficaz también hay que decidir sobre quién recaería el control y seguimiento de este nuevo tratado pandémico, que debería de ser la OMS, ya que la gestión a nivel mundial de las acciones para evitar la propagación internacional de enfermedades ha sido históricamente una responsabilidad fundamental de esta institución. Pero en estos momentos no tiene ni la capacidad ni los recursos para hacerlo, por lo que los países deberían reforzarla, y no hacer como en esta y en anteriores pandemias, donde asignaron poderes y financiación a estructuras fuera de la OMS, debilitando su papel como garante de la salud mundial. Sería la única forma de que todas las regiones estuvieran en una situación de igualdad, a pesar de las diferentes situaciones de partida en la que se encuentran actualmente.
Entre el contenido que debería tener este tratado pandémico deberían estar el establecimiento de los mecanismos necesarios para un intercambio rápido de I+D+I en el mundo, que permita desarrollar las mejores soluciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas, anteponiendo el derecho a la salud a otro tipo de intereses y de cómo y quién van a financiar las potenciales necesidades que pudieran aparecer. Por último, debe haber una responsabilidad individual de cada país para desarrollar los mecanismos de prevención, protección (incluyendo medidas de protección social) y alarma que se puedan decidir en este tratado pandémico.
Además de reflexionar sobre qué medidas sanitarias globales hay que poner en marcha, es necesario tener un enfoque multidimensional del problema. Habría que incorporar al análisis de la salud humana el análisis de la salud animal y planetaria, pues las zoonosis que provocan las pandemias están muy relacionadas con ambas, y éstas con otras disciplinas, como la economía o la ecología.
Hay una cierta expectación por conocer si realmente se va hacia un tratado pandémico eficaz, que pueda responder a las futuras necesidades mundiales. Las conclusiones que han aparecido en la evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que sería la herramienta para desarrollar este tratado pandémico, arrojan en este sentido luces y sombras.
El RSI es la herramienta que, desde 2005, debería de servir a todos los países para poder prevenir, detectar, responder e informar contra pandemias como la COVID-19. Ya en 2011, después de la pandemia del virus H1N1, se alertaba de que “el mundo no está preparado para responder a una pandemia de gripe grave o a cualquier emergencia similar que amenace la salud pública global”. Además, los países que parecían mejor preparados para luchar contra este tipo de problemas de salud tampoco han podido contener las consecuencias de la pandemia. En septiembre de 2020 se creó un Comité independiente de 20 expertos, con el mandato de revisar el funcionamiento del RSI a nivel global durante la respuesta al COVID-19, especialmente en los siguientes campos:
Los resultados de esta revisión se presentaron en la Asamblea de la OMS de mayo 2021 y han mostrado algo que era evidente: que demasiados países no cuentan todavía con la capacidad de salud pública para poder proteger a sus poblaciones, y alertar a otros países y a la OMS de posibles problemas que puedan derivar en pandemias. Y es que el RSI no se había implementado en muchos países. La propia OMS, así como otras organizaciones internacionales, carecen de capacidades y recursos para afrontar el liderazgo de respuesta a una pandemia.
El RSI tiene varios aspectos que mejorar. No se tiene elaborado un mecanismo de seguimiento para conocer cómo evolucionan los elementos claves del RSI en los países, incluyendo los que cubren los derechos humanos, tanto para mejorar como para la rendición de cuentas. El Comité de Emergencias debe ser más operativo y se deben incorporar nuevos elementos que no estaban previstos antes, tales como la importancia de compartir muestras de patógenos y secuencias genéticas, la digitalización, el impacto de las redes sociales en los sistemas de alerta, incluso el mecanismo de aceptación de recomendaciones por parte de los países.
Entre las conclusiones de esta revisión se destaca la necesidad de que la responsabilidad de la implementación del RSI se encuentre en los más altos niveles de los gobiernos, que se debe trabajar un sistema de evaluación adecuado y debe haber una mayor colaboración entre los países, así como una financiación adecuada del RSI.
Pero esta revisión está muy limitada a la parte operativa del RSI y no ha entrado a discutir las raíces económicas, políticas o sociales que han causado la enorme expansión y consecuencias de esta pandemia. Ni tampoco se ha puesto demasiado énfasis en detallar cómo una emergencia sanitaria ha sido utilizada para vulnerar otros derechos humanos en algunos países, donde se han utilizado para limitar la libertad de expresión. El Reglamento debería hacer referencia explícita a los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aconsejan cómo y cuándo se pueden restringir los derechos civiles y políticos en una crisis como ésta. Estas restricciones deben ser necesarias y proporcionadas a un fin legítimo, estar prescritas por la ley y aplicarse como último recurso, utilizando los medios menos restrictivos disponibles.
Por lo tanto, la mejora del RSI es un buen paso que puede mejorar la capacidad técnica de preparación para futuras pandemias, pero insuficiente si se quiere realmente prevenir los efectos catastróficos que otra pandemia como la COVID-19 puede tener en el mundo. Es necesario fortalecer la gobernanza mundial de la salud y un tratado pandémico puede ayudar a ello, aunque no se puede esperar que este tratado sea la panacea que solucione todos los retos que afectan al derecho a la salud de las personas. Existen muchos problemas de salud y factores que les afectan que quedarían fuera de ese posible tratado pandémico. Por ejemplo, los problemas de salud sexual y reproductiva o las enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, este tratado debería de ser parte de una estrategia más amplia, donde las prioridades serían fortalecer la gobernanza mundial pública de salud y los sistemas públicos de salud en su conjunto, priorizando el trabajo de la Atención Primaria de Salud y trabajando la salud en todas las políticas.