Tras varios meses de negociaciones, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE llegó a un consenso para reportar como AOD la donación del excedente de dosis de vacunas contra la COVID-19 que fueron compradas para uso doméstico solamente, y que, una vez asegurado que no las iban a necesitar, les sobraban a los países donantes, que tenían dos opciones: o eliminarlas o donarlas.
Los principales elementos del acuerdo alcanzado en el CAD son:
La realidad es que este acuerdo recompensa a los países donantes por un comportamiento que probablemente ha agravado el impacto de la COVID-19 en los países más empobrecidos. La falta de acceso a vacunas en muchos países está directamente relacionada con el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, con su negativa a reconocer las vacunas contra la COVID-19 como un bien público mundial y con su negativa a aprobar la exención de las patentes sobre dichas vacunas. Algunos países, entre ellos España, compraron el triple o más de las vacunas que necesitaban para vacunar a toda su población, por lo que se encontraron con un problema importante sobre qué hacer con los enormes excedentes de vacunas que tenían, con una fecha de caducidad no muy lejana. De hecho, en mayo de 2022 España ya había destruido 1,4 millones de dosis de vacunas para la COVID-19, que, aunque representa solamente el 1,43% del total de dosis de vacunas compradas, supuso un gasto de 9 millones de euros, y da una idea del problema que ha supuesto a nivel global si sumamos a todos los países donantes. Solamente Estados Unidos desechó 82 millones de dosis de vacunas hasta mediados de mayo de 2022.
La solución que encontraron los gobiernos para, por una parte, dar salida a ese excedente, y por otra, evitar dar explicaciones de por qué se fue tan ineficiente y acaparador en esta pandemia, fue donar dicho excedente de vacunas a aquellos países que carecían de ellas. Intentaban así cambiar una imagen de egoísmo y avaricia por otra solidaria, computando dichas donaciones como AOD. Como señalan las ONG del DAC-CSO Reference Group, las vacunas que ahora se donan, nunca se compraron pensando en el interés de los países socios por lo que, recompensar estas donaciones socava la integridad, el carácter y la calidad de la AOD. Sobre todo, cuando esos mismos países habían sido los responsables de la falta de distribución equitativa de las mismas vacunas.
El precio acordado de 6,72 dólares por dosis para la AOD reportada en 2021 es, cuanto menos, discutible, ya que en algunos casos es superior, al precio pagado. Por ejemplo, una dosis de la vacuna AstraZeneca tiene un precio medio de 4 dólares, 2,72 dólares menos que el precio que computa como AOD. Aunque es cierto que otras vacunas tienen un precio superior, habrá que analizar los datos finales de 2021 para conocer cuáles son las vacunas más donadas y ver finalmente si se ha computado como AOD lo que se pagó realmente por las vacunas. Por ejemplo, según el Center for Global Development, el Reino Unido pagó 4,4 dólares por cada dosis que ahora dona, es decir 2,32 dólares por debajo del precio acordado por el CAD, que es el precio que va a reportar como AOD. Eso quiere decir que la AOD computada del Reino Unido para 2021, como tal vez pase en otros países, estará inflada artificialmente, y el descenso de su AOD sería incluso más relevante que lo que las cifras oficiales muestran para 2021.
A esto se suma que el precio de 6,72 dólares se basa en un coste de referencia de GAVI para la compra de dosis y costes adicionales, como envío o jeringuillas. Sin embargo, el acuerdo del CAD permite computar de manera separada estos costes adicionales por lo que, de nuevo, podríamos ver aumentado artificialmente la AOD de algunos de los países. De ahí la importancia de establecer criterios muy precisos sobre cómo informar de estos costes adicionales, que eviten duplicidades contables.
Finalmente, que las dosis fueran recibidas por el país receptor no asegura tampoco que se hayan podido utilizar. Muchos de estos países tienen sistemas sanitarios frágiles, a lo que se suman problemas logísticos que pueden impedir la distribución local de esas vacunas. En Nigeria, se tuvieron que eliminar más de un millón de vacunas de COVID-19 a finales de 2021.
Por todo ello, desde la sociedad civil se pedía que el precio acordado debía ser lo más bajo posible para garantizar que las donaciones de dosis no se sobrevaloren y, así, evitar la inflación artificial de los presupuestos de la AOD. Además, deberían establecerse mecanismos para garantizar que los miembros del CAD no declaren como AOD un importe superior al coste original de las dosis de vacunas que donan; Lamentablemente, el acuerdo del CAD no recoge ninguna de estas propuestas. Dada la probable variabilidad en la calidad y los tipos de vacunas contabilizadas como AOD, desde el DAC-CSO Reference Group se propone que la OCDE elabore un informe anual, dentro de los tres meses siguientes al final del año natural, en el que los miembros del CAD y otros informadores proporcionen información adicional, como el desglose de las dosis compartidas, el tipo, el destinatario, los costes atribuidos y su fecha de caducidad. Para asegurar, al menos, la mayor transparencia posible, debería seguir computarse como una partida adicional externa, que pueda separarse del análisis de la AOD propiamente dicho.
Utilizar el presupuesto de AOD para pagar dosis de vacunas que se compraron para el país donante y no para los países empobrecidos, además de ser poco ético, puede llevar a que se desvíen fondos de AOD que inicialmente se pensaron para otras necesidades humanitarias. Por lo tanto, las donaciones de vacunas deben primero estar dentro de una estrategia conjunta y global entre países donantes y receptores, y no ser una política unidireccional de hechos consumados, aprovechando las debilidades de los países receptores. Deben tener en cuenta qué medidas aseguran su eficacia, eficiencia e impacto y deben sumarse a los planes de AOD existentes y en ningún caso sustituir la AOD que debería haberse destinado a programas y proyectos nuevos o existentes.
Por último, esta propuesta de donaciones de vacunas ha puesto de nuevo en la palestra el tema de las ayudas en especie (ayudas en las que se transfieren directamente bienes, como alimentos, o servicios), a menudo criticada porque en ocasiones se utiliza como una forma de transferir bienes no deseados a los países en desarrollo, o de vincular su ayuda al beneficio de las empresas del país donante. Y es que muchas veces las donaciones son un freno para la cooperación.