En los últimos tres años, los ataques contra la atención sanitaria en contextos de conflicto han aumentado de forma alarmante, tanto en frecuencia como en gravedad, con un número récord de incidentes violentos contra la atención sanitaria en 2024, 3.623 incidentes, lo que representa un aumento del 15% respecto a 2023 y del 62% respecto a 2022. Estos ataques se produjeron en 36 países y territorios, siendo los más afectados La Franja de Gaza y Cisjordania, seguidos por Ucrania, Myanmar, Sudán y Líbano. En todos ellos se produjeron ataques sistemáticos contra hospitales, centros de salud, ambulancias y el personal sanitario.
Estos ataques ocurren precisamente cuando las necesidades de salud son más urgentes, privando a las comunidades del acceso a servicios esenciales. La protección de la atención sanitaria en conflictos está consagrada en el derecho internacional humanitario, que establece principios fundamentales como la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad del daño y el respeto a la ética médica. Sin embargo, estos principios se violan con regularidad, lo que representa una grave amenaza para los derechos humanos y la salud pública.
Según la coalición Safeguarding Health in Conflict, los ataques incluyeron bombardeos aéreos, misiles, drones, tiroteos, incendios, saqueos, ocupación de instalaciones médicas y detenciones de personal sanitario. Gaza fue el epicentro de la violencia, con más de 1.300 ataques, el mayor número registrado en un solo conflicto en un año.
Más de 1.100 instalaciones — hospitales, centros de salud, farmacias y otros servicios — fueron dañadas o destruidas, casi el doble que en 2023. Los ataques contra el personal sanitario también se intensificaron: más de 900 profesionales, en su mayoría locales, fueron asesinados en 27 países, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior. Además, 470 trabajadores y trabajadoras fueron arrestadas o detenidas en 15 países.
El mayor número de muertes en 2024 se reportó en el Líbano, con 408 muertes, principalmente durante la operación “Northern Arrow” del ejército de Israel; mientras que en el Territorio palestino ocupado se registraron 226 muertes (218 en Gaza y 8 en Cisjordania). También se reportaron aumentos significativos en Etiopía, Pakistán, Siria, Ucrania, Myanmar y Sudán.
En cuanto al personal sanitario detenido, estas se produjeron en diversos contextos. En Gaza, el ejército israelí detuvo a personal médico durante redadas, en puestos de control y tras órdenes de evacuación. En otros países, como Myanmar, Sudán y Yemen, las detenciones se vincularon a acusaciones de colaboración con fuerzas opositoras o por publicaciones en redes sociales.
Aunque Gaza es el territorio más golpeado por los ataques contra las infraestructuras sanitarias, 20 de sus 36 hospitales quedaron fuera de servicio y apenas funcionan el 40% de los centros de salud, países como Sudán, Ucrania, Líbano y Mozambique también se han visto gravemente afectados. Sudán y Mozambique, ambos con sistemas sanitarios muy precarios y frágiles, se encuentran en una situación límite, en Sudán menos del 25% de las instalaciones sanitarias siguen operativas, mientras que, en Mozambique, solo uno de cada siete centros de salud sigue activo. En el Líbano, más de 100 centros han tenido que cerrar y Ucrania tiene cada vez más problemas para mantener los hospitales operativos, debido a los cortes de electricidad que se producen por los ataques a la red eléctrica. Estos ataques ponen en peligro la salud de las y los pacientes al interrumpir o retrasar las cirugías, obligar a realizar operaciones en la oscuridad o iluminados únicamente por linternas frontales e inutilizar los equipos de diagnóstico y tratamiento.
Estos ataques tienen consecuencias devastadoras para la población, no solo causan muertes y lesiones directas entre pacientes y personal sanitario, sino que también interrumpen la capacidad de los sistemas de salud para responder a emergencias, tratar enfermedades crónicas y mantener servicios básicos como vacunaciones y salud materna.
A esto se suma que la violencia y los ataques deliberados impiden que las y los pacientes accedan a los servicios sanitarios que necesitan. En países como Siria y Nigeria, la población evita ir a los centros sanitarios por miedo, mientras en Cisjordania, los toques de queda, el incremento en el número de puestos de control, el cierre de carreteras y la destrucción de infraestructura dificultan el acceso a servicios de salud esenciales.
En aquellos contextos donde, además, se obstaculiza o se impide el acceso humanitario las consecuencias pueden ser todavía más graves, ya que a los problemas mencionados hay que sumar la falta de material y productos sanitarios, incluidos medicamentos, lo que puede llevar, como en el caso de Gaza a situaciones extremas en las que hay que operar sin anestesia, reutilizar material que, en condiciones normales habría que desechar, se convierte en algo habitual. También se pueden ver afectadas las evacuaciones de pacientes, de nuevo en Gaza solo se pudieron realizar 121 evacuaciones de pacientes, frente a las 11.000 evacuaciones urgentes que se requerían. El impacto en la salud de esos pacientes es inimaginable.
A pesar de que la protección de la atención sanitaria está consagrada en el derecho internacional humanitario, los ataques y la violencia contra los sistemas sanitarios se realizan con total impunidad.
Se ignoran sistemáticamente los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, que obligan a todas las partes en conflicto a respetar y proteger la atención médica o las resoluciones 2573 y la 2286 del Consejo de Seguridad de NN. UU., sobre el respeto del DIH y la protección de la atención sanitaria en conflictos armados.
La Resolución 2286, centrada en la protección de la misión médica, establece medidas concretas para proteger la atención sanitaria en conflictos armados, exigiendo a los Estados que incorporen medidas de protección en el ámbito militar, desarrollen marcos legales nacionales, recopilen datos sobre ataques y amenazas, y compartan buenas prácticas. También subraya la necesidad de acabar con la impunidad y de realizar investigaciones independientes, completas y eficaces sobre las violaciones del derecho internacional humanitario relacionadas con la atención sanitaria.
Sin embargo, casi 10 años después de su aprobación, los compromisos siguen sin cumplirse. Por eso hay que exigir a la comunidad internacional que ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo tanto de los convenios de Ginebra, como de las dos resoluciones de NN. UU.
Desde la OMS se han propuesto una serie de recomendaciones para mejorar la protección de los sistemas sanitarios en contextos de conflicto armado que, si se pusieran en marcha, podrían suponer un avance importante en la protección de la misión médica.
Pero poco se podrá avanzar sin la necesaria voluntad política de los gobiernos, que a pesar de la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos y del DIH siguen resistiéndose a tomar medidas. Por eso, hay que recordarles de nuevo, que en virtud del artículo 1 del Cuarto Convenio de Ginebra, los terceros Estados tienen la obligación jurídica no solo de respetar, sino también de garantizar el respeto de las disposiciones del convenio. En un momento y en un contexto en el que las normas internacionales están siendo sistemáticamente vulneradas, los terceros Estados no pueden limitarse a la reiteración de declaraciones públicas en las que muestran su preocupación por las vulneraciones del DIH, incluidos los ataques a la misión médica, sino que deben adoptar medidas concretas y proactivas para hacer cumplir el DIH, de lo contrario entraremos en una espiral de impunidad frente a la vulneración del DIH y del sistema internacional basado en normas que puede llevar al colapso del sistema humanitario.