Sudán del Sur, una crisis sin fin

2018

5 años de crisis humanitaria

Sudán del Sur ha entrado en 2018 en el quinto año de conflicto, la crisis humanitaria que sufre el país continúa intensificándose y expandiéndose: la violencia se extiende y el declive económico amenaza la salud, seguridad y subsistencia de la población. Se estima que 5,1 millones de personas sufrirán este año inseguridad alimentaria severa. Los grupos de población más vulnerables, como menores, mujeres, personas con discapacidad o personas ancianas sufren aún más las consecuencias derivadas del conflicto, como la violencia o la falta de acceso a servicios básicos. La inseguridad y los desplazamientos forzados han minado la ya precaria producción agrícola, destruyendo los medios de vida en la agricultura y el pastoreo y causando escasez alimentaria. La situación nutricional se ha visto continuamente deteriorada en los últimos cuatro años y el hambre y la malnutrición se han intensificado en escala y severidad. Se estima que cerca de 1,1 millón de menores de 5 años y alrededor de 672.500 mujeres embarazadas o mujeres en período de lactancia sufrirán malnutrición aguda.

Esta crisis afecta también a los recursos disponibles por parte de las administraciones públicas y el retraso en el pago de salarios del funcionariado se traduce en la ruptura de la provisión de servicios básicos, como los de salud. La destrucción de centros médicos, los ataques a personal sanitario, la escasez de medicamentos y de profesionales de la salud hacen que el acceso a servicios sanitarios sea escaso para la población sur sudanesa. Tan solo el 22% de las instalaciones sanitarias están operativas por lo que la ausencia de servicios supone un incremento en la morbimortalidad de la población. Casi el 80% de los servicios están a cargo de ONG y dependen de la disponibilidad de fondos de donantes/agencias humanitarias. Por otra parte, el conflicto en curso y la inseguridad hacen que la población se muestre reticente a buscar asistencia médica, lo que impide una atención a tiempo y contribuye a la propagación de enfermedades.

Este contexto complejo afecta también a la situación nutricional de la población, particularmente entre menores, susceptibles a la combinación de malnutrición y enfermedades relacionadas con el agua, como el cólera, que son difíciles de tratar simultáneamente. La baja provisión de servicios de salud dificulta la capacidad de identificar y tratar la malnutrición severa (SAM) y la malnutrición moderada (MAM) antes de que empeoren. El conflicto también ha expuesto a la población a riesgos relacionados con la protección; mientras que hombres y niños corren peligro de ser reclutados por actores armados, detenidos e incluso asesinados, las mujeres y niñas pueden ser secuestradas, heridas y/o asesinadas, además de ser víctimas de todo tipo de formas de violencia de género, incluyendo la violencia sexual, tanto en sus hogares como en espacios públicos. Además, las mujeres y niñas y en especial los hogares encabezados por mujeres y menores, están más expuestas y son más vulnerables a las agresiones sexuales mientras llevan a cabo tareas cotidianas como la búsqueda de agua o leña.

Impacto del conflicto en el sistema sanitario

El sector de la salud ha sido el más afectado por el conflicto actual, que destruyó aún más un sistema de salud ya débil. La violencia dentro de las instalaciones médicas contra pacientes y trabajadores de la salud ha sido una práctica habitual, las instalaciones médicas han sido saqueadas, ocupadas y destruidas, el personal sanitario ha sido desplazado dentro y fuera del país, y la asignación de recursos gubernamentales a la salud se ha redirigido a gastos militares y de seguridad. En 2018, se han documentado 472 ataques a servicios médicos, que incluyen la muerte de 115 trabajadores sanitarios.

Hoy en día, solo una fracción de los establecimientos de salud existentes sigue funcionando. Los servicios de atención primaria de salud y la cobertura de Obstetricia de Emergencia Básica y Integral y Atención de Recién Nacidos (BEmONC) son muy bajas, mientras que los hospitales secundarios y terciarios tienen una capacidad de diagnóstico limitada o nula y carecen de equipos e instalaciones especializados.

A esto se suma la escasez generalizada de medicamentos esenciales, a pesar del sistema de reposición del stock de medicamentos liderado por la OMS, UNFPA y UNICEF para dar servicio a aquellas instalaciones sanitarias que sí están en funcionamiento, aunque con serias limitaciones.

Las personas desplazadas internamente, un porcentaje elevado dado el contexto de violencia y conflicto en el que vive el país, se trasladan a campamentos informales que no reciben ni asistencia ni protección de la comunidad internacional y que a menudo son muy inaccesibles debido a la inseguridad. Por lo general, en estos entornos, los servicios de salud se limitan a clínicas móviles de emergencia que brindan servicios de atención primaria de salud muy básicos. Existe una gran escasez de los recursos humanos de salud necesarios para la prestación de servicios esenciales. En promedio, un/a médico/a atiende a una población de 100.000 personas, mientras que dos enfermeras/os atienden a 1.000 personas. Un alto porcentaje del personal de salud no está cualificado y, a menudo, está ausente de su puesto de trabajo debido a los bajos salarios y la demora en el pago de estos.

Retos de cara a 2019

El acuerdo de paz firmado el pasado 30 de octubre abre una pequeña ventana de esperanza, aunque sin una paz inclusiva y sostenible la crisis humanitaria actual seguirá agravándose. Más allá de la firma del acuerdo, las partes en el conflicto deben dar pasos concretos que consoliden dicho acuerdo tales como respetar el derecho internacional y acabar con los ataques a personal humanitario y a civiles.

Mientras tanto, 4 millones mujeres, hombres y menores sur sudaneses necesitarán servicios humanitarios de atención médica en 2019. No obstante, la falta de financiación suficiente (en 2018 sólo se consiguió el 40% de los fondos solicitados por NNUU), dejará sin atención sanitaria a casi la mitad de la población que lo necesita, según NNUU solo se podrá atender a 2,2 millones de personas. Es casi seguro que las necesidades serán superiores si incluimos a las 300.000 personas refugiadas y a las personas retornadas, como resultado del acuerdo de paz, que se prevé necesitarán servicios de salud. Los desafíos de los sistemas de salud existentes, ya de por sí enormes, se ven agravados por la falta de control de la calidad del agua, de medidas de prevención y control de infecciones, del manejo de los desechos sanitarios o de la malnutrición expansiva.

El número de personas a las que se destinará atención médica en 2019 aumentará un 8% con respecto a 2018; esto se debe a múltiples factores, entre ellos, los desplazamientos, la malnutrición, la alta carga de dolencias debido a enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación, así como la planificación ante enfermedades hemorrágicas virales, incluida la amenaza del virus del ébola en 12 condados del país. Por otra parte, los brotes estacionales de enfermedades transmisibles, como el cólera y el sarampión, así como la endemicidad continua de la malaria, representarán un desafío para un sistema de salud extremadamente frágil.

Las poblaciones desplazadas se enfrentan a los desafíos más complejos a la hora de acceder a los servicios de salud. Los/as menores de 5 años están entre la población más vulnerable a las enfermedades prevenibles por vacunación debido a la malnutrición y los bajos niveles de cobertura de inmunización e inmunidad. La cobertura en 2017 y 2018 para todas las enfermedades prevenibles por vacunación sigue siendo inferior al 50%, lo que hace que el 42% de los/as menores de un año estén en riesgo de contraer sarampión. Mientras que las mujeres en edad reproductiva se enfrentan a graves riesgos para la salud, por el limitado acceso a personal cualificado durante el embarazo y el parto. Por último, la violencia sexual y por motivos de género se ha agravado, con un aumento de las cifras, ya altas, 4.310 casos en 2016 y 5.732 en 2017, pero sin acceso a servicios adecuados. Y problemas transversales como el VIH/sida, la tuberculosis, la salud mental, las discapacidades y las enfermedades no transmisibles, incluida la atención de traumas, están siendo eliminados de los servicios vitales.

Las ONG administran en estos momentos 4 de cada 5 establecimientos de salud lo que implica que la continuidad de servicios depende de los fondos disponibles. En Jonglei (donde trabaja Médicos del Mundo) y el Alto Nilo, solo 211 de los 318 establecimientos cuentan actualmente con algún financiamiento sostenible, sin una garantía real de financiación en 2019, incluso si se dispone de fondos, solo se destinarán a 150 establecimientos.

Las predicciones de IPC (Integrated Food Security Phase Clasification) muestran que 8 condados pueden entrar en niveles catastróficos que podrían desencadenar en enfermedades. El alto riesgo de ébola en 12 condados exige medidas sanitarias estrictas, de lo contrario la propagación de la enfermedad puede conducir a una epidemia en todo el país. Las recomendaciones a raíz del análisis de necesidades indican que 10 condados están en riesgo de altas tasas de GAM (> 15%), de desplazamientos (> 5000), de IPC (Fase 5) lo que llevará a un mayor riesgo de enfermedades.

Médicos del Mundo en Sudán del Sur

En 2017 MdM España inició sus actividades en el país, tras la alarmante situación de hambruna, declarada en los meses de febrero y abril de 2017. El proyecto de Médicos del Mundo se desarrolla en el distrito de Bor, situado al sudoeste del Estado de Jonglei. Dentro del Estado de Jonglei los condados de Fangak, Ayod, Nyirol, Uror, y Pibor son los más afectados, pudiendo llegar en ausencia de asistencia humanitaria a sufrir una hambruna (IPC fase 5).

La situación en Sudán del Sur presenta necesidades humanitarias incontables, por ello MDM apuesta por fortalecer su intervención actual. Titulares de derechos y los grupos especialmente vulnerables como menores de cinco años y las mujeres en edad reproductiva serán el objetivo específico de la prestación de servicios nutricionales, de salud infantil y de salud sexual y reproductiva en la maternidad y en la sala de hospitalización pediátrica. Además, se han puesto en marcha actividades comunitarias para reforzar el acceso efectivo a los servicios del hospital y los enfoques de género y psicosocial. Asimismo, se están reforzando las acciones de incidencia dirigidas a la comunidad internacional y el gobierno de Sudán del Sur. MdM pretende crear conciencia sobre la situación nutricional y de salud de emergencia, proporcionando información sobre las lagunas de los servicios de salud y la respuesta de emergencia para lograr fondos que garanticen la cobertura de los servicios reproductivos, de salud mental y apoyo psicosocial, género, pediátricos y nutricionales.