Desde 2015, el Reino Unido era un ejemplo que se ha utilizado en varios informes para visibilizar la importancia de consolidar el compromiso con el sector de la cooperación a través de un marco legal. Ya desde 2013, el Reino Unido decidió asumir el compromiso de destinar el 0,7% a la cooperación, pero no fue hasta 2015 cuando ese compromiso se fundamentó a través de una ley que evitaba los posibles cambios que la alternancia política pudiera traer en el futuro.
La tarea no fue fácil, pues igual que es difícil gestionar escasos recursos económicos en el sector de la cooperación internacional, un incremento muy importante de los mismos tiene que ir acompañado de una buena gestión financiera y técnica que asegure la eficacia e impacto de las acciones. En 2020, la Comisión Independiente para el Impacto de la Ayuda, organismo público encargado de controlar el gasto de la ayuda internacional, elaboró un informe donde se afirmaba que la cooperación del Reino Unido había aumentado de forma muy consistente su eficacia, a través sobre todo de una mejor colaboración entre los diferentes Departamentos que trabajaban en cooperación y el funcionariado, y en una mejor adaptación de los procesos a los objetivos de la cooperación.
Sin embargo, días después de la publicación de este informe, el Canciller de Hacienda Rishi Sunak, anunció que en 2021 no se destinaría el 0,7% a cooperación debido a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Según sus palabras, esta medida se justificaba porque “en una emergencia fiscal interna, cuando necesitamos priorizar nuestros limitados recursos en empleos y servicios públicos, es difícil justificar ante el pueblo británico apegarse rígidamente al gasto del 0,7% de nuestro ingreso nacional en ayuda al extranjero”. Y aunque prometió volver a la senda del 0,7%, esto se haría bajo unas ciertas condiciones que son muy vagas, tales como “cuando la situación fiscal lo permita”, lo que equivale a dejar la decisión expuesta a interpretaciones subjetivas.
Las reacciones no se hicieron esperar. En respuesta a esta decisión, Elizabeth Sugg, ministra de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, presentó su dimisión poco después. La sociedad civil también alzó su voz contra esta medida, ya que luchar contra una pandemia global reduciendo los recursos en cooperación era un contrasentido. Romilly Greenhill, directora de la campaña en el Reino Unido de The ONE, que apoyó con fuerza la ley del 0,7%, comparó el momento de la medida en medio de la pandemia con "quitar fondos a la RAF [Royal Air Force] en el punto álgido de la Batalla de Gran Bretaña".
Todas estas movilizaciones no consiguieron cambiar la decisión del Gobierno británico. La consecuencia directa fue que la AOD británica bajó del 0,7% destinado en 2020 a 0,5% en 2021, lo que supuso una reducción de 5.000 millones de libras. Multitud de proyectos que estaban en marcha se vieron afectados por estos recortes.
Más allá del incumplimiento de promesas y compromisos, o incluso de incoherencias políticas, esta situación tiene un elemento especialmente perturbador que merece la pena destacar. Durante estos años, se ha considerado al Reino Unido como el ejemplo a seguir por conseguir blindar por ley el compromiso del 0,7%. La realidad es que ni siquiera estar bajo el amparo de la ley impide cambiar las reglas del juego cuando el gobierno de turno así lo considere. No ha habido sanción legal, porque según la ley aprobada en 2015 solo se necesitaba que la Secretaría de Estado responsable informara de por qué no se había conseguido ese 0,7%, ya que es el único mecanismo de rendición de cuentas que se aprobó en la ley. Es cierto que no han propuesto ninguna legislación adicional para gestionar estos presupuestos a la baja, lo que parece indicar que esta situación puede ser temporal. En el debate sobre los presupuestos de cooperación de 2022 el Canciller afirmaba que se irá revisando el presupuesto, de conformidad con la Ley de 2015, para ver si sería posible volver a gastar el 0,7 % de la RNB en AOD. Para ello, habría que cumplir unos requisitos frente a la última previsión fiscal. Se debe confirmar de manera sostenible, que hay superávit presupuestario y no se están pidiendo préstamos para pagar los gastos diarios, y que la deuda neta del sector público esté cayendo. O sea, que el cumplimiento del 0,7% se realizaría cuando las condiciones económicas fueran positivas, lo que deja a la cooperación como una política de segundo nivel y sujeta a la decisión que el gobierno tome en relación a otras políticas. Por ejemplo, si el Gobierno decide duplicar su gasto en armamento, esto podría repercutir en el presupuesto de AOD.
Aceptando que las leyes no pueden ser inmutables, y que hay momentos excepcionales en los que hay que tomar decisiones complejas, lo cierto es que esta ley no tenía las suficientes salvaguardas como para impedir su aplicación por parte del gobierno.