Guatemala: la defensa de la democracia en medio de multiples crisis

2023

Aunque la extensión geográfica de Guatemala es relativamente pequeña, cuenta con una excepcional biodiversidad, derivada, entre otros factores, de la abundancia de agua. Es también un país con una enorme diversidad étnica, siendo que el 43,75% de la población se autoidentifica como perteneciente a uno de los 25 pueblos Mayas, o como Garífuna, Xinka, Creole o afrodescendientes. A pesar del reconocimiento formal de Guatemala como sociedad multicultural, la exclusión, la discriminación y el racismo estructural prevalecen. (IWGIA, 2023).

Guatemala es considerada la economía más grande de América Central, con un creciente Producto Interno Bruto (Banco Mundial, 2023). No obstante, el 56% de sus habitantes vivía por debajo de la línea de pobreza en 2020. Según los últimos datos oficiales, de 2014, el Índice GINI le ubicaba como el décimo país más desigual del mundo (Banco Mundial, 2023) y en 2022 presenta uno de los Índices de Desarrollo Humano más bajos de la región (1,67), sólo por delante de Honduras y Haití (PAHO, 2022). Al mismo tiempo, como parte de América Central, es un territorio altamente vulnerable a la crisis climática y se prevé que los diferentes fenómenos meteorológicos que afectan la región se intensifiquen en los próximos años (IPCC, 2022).

Los indicadores generales de mortalidad materna e infantil muestran una tendencia a la baja (PAHO, 2022). En cuanto a la Cobertura Universal de los Servicios sanitarios, si bien Guatemala ha realizado avances, se mantiene en los últimos 20 años en el nivel de acceso medio, muy por debajo del conjunto de los países de la región e incluso de países vecinos como Honduras y el Salvador (WHO y Banco Mundial, 2023). Actualmente, la cobertura sanitaria universal se estima en 58,6% (WHO, 2021).

Las principales barreras al acceso universal en salud en Guatemala son los costes en financiación. En el 2020, el gasto público en salud representó 2.48% del PIB y 15.86% del gasto público total, mientras que el gasto directo de la población en salud implicó 56.29% del gasto total en salud (WHO, 2021), siendo una de las cuestiones más preocupantes el costo sumamente alto de los medicamentos esenciales. En segundo lugar, se encuentran las denominadas barreras organizacionales, entre las que se encuentran: horas de servicio inadecuadas, falta de cumplimiento de los horarios, gestión deficiente de las listas de espera y falta de coordinación en la prestación de servicios sanitarios. Entre los indicadores con más dificultades en cuanto a acceso universal se encuentran el seguimiento de la hipertensión, y la capacidad de los servicios - que incluye la disponibilidad de personal sanitario, de camas hospitalarias y el grado de incorporación de los estándares sanitarios internacionales (WHO, 2023). Como sucede en otros países, en Guatemala se advierte una importante desigualdad en la disponibilidad de servicios sanitarios entre las zonas urbanas y rurales del país.

Por otro lado, el gobierno de Guatemala mantiene reservas en relación con los consensos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, concretamente en lo que se refiere al acceso a la atención del aborto (UN, 2023). Se mantiene una legislación restrictiva que permite aborto solo en los casos de riesgo de muerte para la mujer embarazada, lo que limita el conjunto del avance en la cobertura sanitaria universal. Según el Observatorio de Salud Reproductiva, entre enero y agosto de 2023 se produjeron más de 43 mil nacimientos por madres adolescentes entre 15 y 19 años y más de 15 mil de niñas entre 10 y 14 años.

La violencia generalizada es resultado de los escasos avances conseguidos en los procesos de justicia transicional después del conflicto interno armado. Durante 2022, cada día 8 personas perdieron la vida de manera violenta en Guatemala. Los homicidios se incrementaron 6.2% respecto al año anterior, siendo que el 85.5% de las víctimas son hombres. Al menos 4 mujeres y niñas fueron reportadas como desaparecidas cada día (Infosegura, 2022). La tercera parte de las desapariciones entre 2019 y 2022 fueron menores entre 15 y 19 años y 10 a 14 años (43% y 24%) respectivamente (IEPADE, 2023). En 2021, se alcanzaron las cifras más altas de los últimos 7 años en denuncias interpuestas por casos de mujeres y niñas agraviadas por violencia contra la mujer, violación/violación agravada, trata de personas y femicidios.

A las diferentes dimensiones de crisis y desafíos descritos se suma la grave crisis institucional que vive el país, especialmente aguda en los últimos 6 años. De acuerdo con la categorización de CIVICUS Monitor, el espacio cívico en el país pasó a ser calificado como “represivo” en 2022, dado el aumento de la criminalización de periodistas, miembros del aparato judicial y personas defensoras de los derechos humanos. CIVICUS señala que: “en Guatemala, las personas y organizaciones que llevan a cabo una labor crucial para acabar con la corrupción y documentar los abusos contra los derechos humanos lo hicieron corriendo grandes riesgos personales. Se enfrentan a actos de criminalización, amenazas de detención, acoso y agresiones”. En 2023, en el contexto de las elecciones, se vienen produciendo graves interferencias por parte de organismos del Estado a instituciones electorales, como el Tribunal Supremo Electoral y candidaturas, así como “la persecución, hostigamiento e intimidación intolerables contra los más de 125 mil ciudadanos y ciudadanas de Guatemala que ejercieron un compromiso ético y democrático con su país como miembros de juntas receptoras de votos, revisores o digitadores, cuyos nombres fueron solicitados al TSE por el Ministerio Público sin que se conozcan los motivos” (Misión de Observación de la Unión Europea). Los próximos meses serán cruciales para saber si se consigue garantizar el “respeto a la voluntad de los votantes expresada inequívocamente en las urnas”, como ha manifestado la Misión de Observación UE, entre otros agentes internacionales y locales, que mantienen una permanente movilización, liderada por organizaciones indígenas.

La implicación de la comunidad internacional en las diferentes crisis que vive Guatemala es lamentablemente escasa, a tal punto que la crisis alimentaria y de violencia en el país se consideró durante años sucesivos una crisis olvidada, como resultado del alto riesgo y vulnerabilidad, combinado con una escasa disponibilidad de ayuda humanitaria y atención de la prensa internacional.

De acuerdo con el Plan de Respuesta Humanitaria, de los 17,6 millones de personas que habitan el país, 5 millones se encuentran en necesidad de asistencia humanitaria en 2023. Esta cifra supone un aumento de 32% de incremento con relación al año anterior. La inseguridad alimentaria y nutricional, en grado de crisis o emergencia afecta a 4,6 millones de personas. Casi 2 millones de personas presentan necesidades humanitarias relacionadas con la desnutrición aguda.

A estas necesidades se suman las derivadas de desplazamientos internos, así como la condición de Guatemala como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, incluyendo personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado, identificándose un total de 2,6 millones de personas con necesidades de protección y asistencia humanitaria (OCHA). Las organizaciones de la sociedad guatemalteca demandaron durante 2023, como en años anteriores, transparencia en las políticas migratorias, altamente influenciadas por la política de externalización de fronteras de Estados Unidos. Al mismo tiempo, de acuerdo con IWGIA, las remesas familiares se mantuvieron como uno de los motores más importantes para la economía, pasando de 1.6 mil millones de USD en 2002 a 18 mil millones de USD en 2022, superando el volumen de las exportaciones totales estimadas en 15 mil millones de USD en 2021.

Al cierre del tercer trimestre de 2023, según OCHA, la financiación requerida para cubrir las necesidades identificadas en el Plan de Respuesta Humanitaria en Guatemala apenas alcanzó la quinta parte de los $USD 126 millones estimados, de los cuales el 84,6% provienen de los Estados Unidos. Los recursos se concentran en la respuesta a necesidades en educación, protección, seguridad alimentaria y alojamientos temporales de emergencia, mientras que otros sectores como salud y nutrición prácticamente no disponen de financiación.