La constante vulneración del Derecho Internacional Humanitario, el asedio y bloqueo impuesto sobre Gaza, la obstrucción sistemática de la ayuda, los ataques deliberados contra instalaciones médicas y el asesinato de civiles, personal humanitario y sanitario han transformado la Franja en la peor catástrofe humanitaria de la historia.
A esta realidad se suman datos que reflejan la magnitud del deterioro: más de 69.000 personas palestinas han perdido la vida en apenas dos años. El 22 de agosto de 2025, Naciones Unidas declaró la hambruna en Gaza, señalando que medio millón de personas se encontraban al borde de la inanición. Poco después, el 16 de septiembre, la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos concluyó en su informe que Israel está cometiendo un acto de genocidio en Gaza.
El anuncio del alto el fuego de octubre fue acogido como un momento crucial de alivio para la población palestina, pero las noticias sobre violaciones del mismo ponen de relieve su fragilidad. El continuo rechazo a la entrada de ayuda, especialmente por parte de organizaciones humanitarias, es profundamente alarmante. Tras más de dos años de bombardeos implacables y la consiguiente privación, desplazamiento forzoso y hambruna, bloquear a estas organizaciones socava el esfuerzo colectivo por salvar vidas.
El acceso humanitario es una obligación legal en virtud del derecho internacional, no una concesión del alto el fuego. Este debe garantizar el fin definitivo de las hostilidades y asegurar el flujo libre, seguro, basado en principios humanitarios y sostenido de la ayuda, en consonancia con los derechos de la población palestina a la seguridad y la dignidad.
El 22 de octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel en relación con la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio palestino ocupado (TPO), incluida Jerusalén Este. La Corte determinó que, como potencia ocupante, Israel está obligado a levantar las restricciones a las operaciones de la UNRWA y a aceptar y facilitar la ayuda prestada por el Organismo.
Determinó además que «una potencia ocupante debe hacer algo más que simplemente permitir el paso de artículos esenciales al territorio ocupado. También debe utilizar todos los medios a su alcance para que estos artículos se distribuyan de manera regular, justa y no discriminatoria, entre otras cosas facilitando el acceso a ellos y absteniéndose de amenazar o utilizar la violencia o la fuerza letal contra la población civil que trate de acceder a dicha ayuda humanitaria». (párr. 101, ICJ AO 22 de octubre de 2025)
Desde que comenzó el alto el fuego, las autoridades israelíes han seguido rechazando arbitrariamente los envíos de ayuda vital a Gaza, mientras que un nuevo y restrictivo proceso de registro de las ONG internacionales retrasa aún más la urgente labor humanitaria. Por ello, hay que exigir a las autoridades israelíes que vuelvan al sistema anterior de registro y pongan fin al uso de criterios politizados y arbitrarios, en consonancia con su obligación de permitir que la ayuda humanitaria imparcial, independiente y neutral llegue a la población palestina en todo el territorio palestino ocupado.
El deterioro del sistema humanitario —atacado, restringido y politizado— se traduce directamente en una capacidad cada vez más limitada de atender a la población palestina. Esta dinámica de bloqueo y obstrucción es la que ha permitido que la crisis alimentaria se agrave hasta niveles sin precedentes, y constituye el marco general que explica la situación de hambruna que vive Gaza.
Hasta ahora, solo un número limitado de agencias de Naciones Unidas y organizaciones asociadas tienen permiso para llevar ayuda a Gaza. A las principales organizaciones humanitarias se les sigue negando el acceso como consecuencia del nuevo sistema de registro de ONG internacionales impuesto por Israel desde marzo de 2025. La exclusión de las ONG internacionales del espacio humanitario es una clara indicación de que las autoridades israelíes siguen restringiendo y politizando la ayuda, en violación del DIH.
La Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó en su informe del 16 de septiembre de 2025 que Israel impidió que agencias de ayuda humanitaria (incluida la UNRWA) proporcionaran ayuda esencial y vital, con el fin de provocar «la destrucción física de la población palestina en Gaza mediante condiciones de vida insoportables en la Franja de Gaza», lo que constituye un acto de genocidio.
Hasta la fecha, el gobierno de Israel ha denegado sistemáticamente o ha obstaculizado gravemente el acceso humanitario. A pesar de la existencia de un mecanismo coordinado por las Naciones Unidas que ha conseguido llevar la ayuda a las comunidades, a pesar de innumerables obstrucciones, la ayuda se ha visto restringida por un modelo de distribución militarizado e inseguro, impuesto por el gobierno de Israel en abril de 2025, que ha provocado la muerte de más de 3.000 civiles.
Estas restricciones y obstáculos, persistentes y deliberados, han reducido drásticamente el volumen de asistencia que llega a la población palestina, contribuyendo a un deterioro progresivo de las condiciones de vida y creando un escenario propicio para que la inseguridad alimentaria se transforme en hambruna generalizada.
Tras meses de acceso humanitario muy restringido y el restablecimiento del bloqueo total de la ayuda por parte de Israel el 2 de marzo de 2025, el colapso del alto el fuego el 18 de marzo agravó la malnutrición en la Franja de Gaza, especialmente en el norte. La situación empeoró hasta tal punto que el IPC declaró una hambruna en agosto, indicando que en las semanas siguientes se extendería desde la gobernación de Gaza hasta las de Deir Al Balah y Khan Younis.
Esta hambruna provocada es el resultado del uso del hambre como arma de guerra por parte del Gobierno de Israel. El bloqueo sostenido a la entrada de alimentos, medicinas y combustible estaba destinado a provocar esta catástrofe. La comunidad internacional sabía que esto iba a ocurrir: tanto las organizaciones humanitarias como entidades de derechos humanos lo advirtieron una y otra vez, pero no se quisieron tomar las medidas políticas necesarias para establecer un alto el fuego y levantar el asedio que permitiese la entrada masiva de ayuda.
El 9 de octubre de 2025, el presidente Trump anunció la aprobación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, basado en su plan de 20 puntos. Aunque frágil, ha permitido incrementar la entrada de alimentos, medicamentos, combustible y material para reparaciones, productos críticos para frenar la hambruna y mejorar unas condiciones de vida que siguen siendo terribles. Sin embargo, muchos efectos de la hambruna no pueden revertirse, especialmente en los niños y niñas, y durarán toda la vida. Lo que se necesita es un alto el fuego real y permanente y que las autoridades israelíes permitan el acceso pleno, seguro y sin obstáculos a la entrada masiva de ayuda humanitaria en toda Gaza, entregada por organizaciones imparciales. Desgraciadamente, esto no es lo que está pasando.
A pesar de que el alto el fuego ha permitido que se incremente ligeramente el número de centros de salud y hospitales en funcionamiento, la situación sigue siendo crítica. Tan solo hay 76 centros de salud operativos y 18 hospitales que funcionan parcialmente. Estas instalaciones junto a los puntos médicos y los hospitales de campaña solo representan el 36% del número total de instalaciones que había antes de octubre 2023. Instalaciones sanitarias que deben ofrecer atención sanitaria a 2 millones de personas con una salud muy deteriorada, con menos personal sanitario, una grave escasez de medicamentos (falta el 55% de los medicamentes esenciales) y de material médico que hace casi imposible atender adecuadamente a la población que lo necesita, especialmente aquellas personas con enfermedades como diabetes o cáncer, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y muerte. Según las autoridades sanitarias, actualmente hay más de 11.000 pacientes con cáncer en la Franja de Gaza que necesitan ser evacuados fuera del territorio debido a la falta de los tratamientos necesarios.
Hay que recordar, que la mayor parte de la población de Gaza ha sido desplazada por la fuerza varias veces, y una parte importante vive en tiendas de campaña improvisadas, sin acceso a agua corriente ni electricidad, rodeada de montones de basura y alcantarillas desbordadas. Estas condiciones tan precarias impactan negativamente en la salud de la población, provocando infecciones respiratorias, cutáneas y gastrointestinales, entre otras. La llegada del frio, las fuertes lluvias e inundaciones que se están produciendo en noviembre, no harán sino empeorar la situación.
El plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente Trump y cuya primera fase ha sido aceptada por el gobierno de Israel y Hamás, ha permitido un nuevo alto el fuego, aunque frágil, el incremento en la entrada de ayuda en Gaza y la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de coordinación. La Resolución 2803 (2025) del 17 de noviembre respalda el plan y el despliegue de una fuerza internacional temporal en la Franja.
El plan propone varias iniciativas que necesitan concretarse, como la creación de una Junta de paz, organismo internacional de transición que supervisaría al comité responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza, y la fuerza internacional de estabilización (ISF por sus siglas en inglés) que se desplegaría en Gaza.
Otras propuestas ya se han puesto en marcha, como el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC por sus siglas en inglés). El objetivo del CMCC, desde la perspectiva de Estados Unidos, es coordinar la ampliación de la respuesta humanitaria y aplicar el plan de paz, pero su mandato no está claro, al igual que su poder de decisión, por lo que quedan muchas dudas por despejar.
Sin embargo, la población palestina no puede esperar a que se pongan en marcha estas iniciativas. La ayuda humanitaria debe desplegarse con urgencia, sin condiciones y de forma segura, respetando el DIH y los principios humanitarios. La coordinación humanitaria debe garantizarse a través de los mecanismos de coordinación existentes de Naciones Unidas, en colaboración con sus socios, las ONG internacionales y locales.
Las soluciones duraderas dependen de que se garantice la justicia y la rendición de cuentas al pueblo palestino, la no repetición de la violencia y la reparación a las víctimas por los graves daños que han sufrido. Los Estados miembros de NN. UU. deben cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales y hacer cumplir el derecho internacional.