Lauren Paremoer
Profesora en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Ciudad del Cabo y miembro del Movimiento por la Salud de los pueblos (PHM)
Aunque algunos argumentan que la OMS se ha vuelto cada vez más irrelevante, sigue siendo cierto que sus normas y estándares impactan en las prioridades y los presupuestos de salud a escala nacional en los países. La recomendación de la OMS en julio de 2025, de usar lenacapavir inyectable para la prevención del VIH es un ejemplo reciente de su influencia. En el sur global, donde las tasas de prevalencia del VIH siguen siendo altas, esto reviste gran importancia, ya que sus gobiernos deben sopesar la posibilidad de añadir este medicamento a sus listas nacionales de medicamentos esenciales en el futuro.
La OMS también puede fortalecer la voz de los países del Sur global en el escenario internacional, y actuar para promover la equidad de forma sustantiva y procedimental en la cooperación sanitaria. Por ejemplo, las recientes modificaciones al Reglamento Sanitario Internacional crean un mecanismo mediante el cual los Estados Parte pueden revisar la futura implementación del reglamento, a fin de garantizar que la rendición de cuentas, la equidad y la solidaridad se centren en la respuesta a las emergencias de salud pública de interés internacional.
Dicho esto, muchas decisiones clave de la OMS se toman en Ginebra y luego son “modificadas” por los sistemas nacionales de salud. Por lo tanto, para ejercer control sobre los sistemas nacionales de salud, las organizaciones de la sociedad civil deben participar en los procesos de la OMS. En el contexto de la “política de poder” que caracteriza la coyuntura actual, los principios y procesos de la OMS aún brindan a las organizaciones de la sociedad civil la oportunidad de influir en su trabajo: todos los Estados miembros tienen el mismo poder de voto, la documentación de las reuniones y sobre las operaciones de la organización está disponible públicamente, y la Secretaría recibe instrucciones de sus Estados miembros sobre la dirección estratégica y las prioridades de la OMS. Y es a estos Estados miembros a quienes la sociedad civil idealmente debería influir y exigirles responsabilidades mediante elecciones, protestas, agitación, promoción, litigaciones estratégicas, etc…
No hay duda de que los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de la OMS se han vuelto cada vez más complicados. El tiempo de intervención asignado a la sociedad civil en las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se ha reducido de 3 minutos a 1 minuto o menos a lo largo de los años, otorgándose ese tiempo al final de los debates, cuando los delegados ya han comprometido sus votos. Si bien se ha creado una Comisión de la Sociedad Civil de la OMS, ésta ha recibido críticas por no facilitar suficiente interacción directa con los Estados miembros, lo que limita la capacidad influencia en la toma de decisiones importantes. No obstante, y en comparación con otras instituciones multilaterales que inciden en la “salud para todo y todas”, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, la OMS sí toma algunas medidas positivas para democratizar la toma de decisiones en la gobernanza sanitaria mundial.
¿Qué riesgos plantea la reforma de la OMS al reducir el espacio de participación de la sociedad civil, erosionando el espacio democrático? En cuanto a la participación indirecta, se podría argumentar que las organizaciones de la sociedad civil ya están representadas por sus gobiernos. Pero la política de austeridad que está provocando la reestructuración de la OMS, está llevando a un mayor uso de la externalización del trabajo hacia consultoras privadas o asociaciones público-privadas, algo que viene ocurriendo desde hace años, y la voz y autoridad de los Estados miembros en la toma de decisiones de la OMS se están viendo aún más erosionadas, perdiéndose además la experiencia técnica de funcionarios internacionales con amplia experiencia. Además, los 600 puestos de trabajo que, según se informa, se eliminarán en la sede de la OMS en Ginebra sugieren que la reducción de personal sin duda presionará a la organización para que realice la misma cantidad de trabajo con mucha menos gente, y una solución rápida podría ser recurrir a este tipo de externalización.
Otra solución rápida podría ser priorizar el trabajo que cuenta con financiación. Esto priorizaría temas y regiones donde la financiación es fácil de conseguir, sin reflejar las prioridades de los gobiernos afectados y sus ciudadanos. Por ejemplo, en los últimos dos años, la Unión Europea y GAVI han destinado una financiación significativa al desarrollo de la capacidad de fabricación de vacunas en el continente africano. Esta labor es importante, pero las vacunas, una vez desarrolladas, deberían distribuirse a los pacientes a través de sistemas de salud fiables y eficaces. Lamentablemente, la región AFRO lleva tiempo indicando que, en comparación con otras regiones, no recibe financiación suficiente para implementar gran parte del trabajo necesario para el fortalecimiento de los sistemas de salud en el continente. Esta falta de recursos puede atribuirse a otra dinámica que se mantiene desde hace mucho tiempo: la falta de aportaciones por parte de los Estados miembros de las contribuciones obligatorias que puedan financiar adecuadamente el presupuesto base de la OMS. Si bien no es un problema nuevo, es probable que la reestructuración y la austeridad agraven los efectos distorsionadores de realizar trabajos hacia los sectores que se benefician de las contribuciones voluntarias (y reflejan las prioridades de los donantes públicos y privados), ignorando el trabajo que cae en las “zonas de pobreza”, que no reciben interés por parte de financiadores externos a la OMS.
¿Qué puede hacer la sociedad civil para contrarrestar esto? En este sentido, me inspiro en un reciente documento de posición del Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM en inglés) que argumenta que
«la gobernanza mundial de la salud podría empezar a virar hacia posiciones más progresistas si el PHM y otras organizaciones de la sociedad civil estuvieran dispuestas a construir y sostener los movimientos políticos locales, nacionales e internacionales que demandan esas posiciones a nuestros gobiernos».
También es fundamental alentar y apoyar a los Estados miembros a aumentar sus contribuciones para que la OMS pueda planificar y actuar de forma autónoma y resistir la influencia de donantes, consultores o fundaciones filantrocapitalistas de los sectores público y privado, que influyen en su agenda y en su personal.
Para las organizaciones de la sociedad civil, esto también significa centrar sus esfuerzos en apoyar el desmantelamiento de los factores estructurales que limitan la inversión de nuestros gobiernos en «salud para todos y todas» a nivel nacional e internacional: los onerosos pagos de la deuda, los regímenes fiscales injustos, los flujos financieros ilícitos, el autoritarismo político, la comercialización de la atención sanitaria, y la discriminación y estigmatización de los grupos sociales marginados. El carácter público de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en materia de salud internacional sólo puede defenderse y promoverse si sus miembros — que también son instituciones públicas — abordan estos determinantes sociales fundamentales de la equidad sanitaria.