Protección del personal humanitario y sanitario en los conflictos: próximos pasos y propuestas para avanzar de forma conjunta

2023

Aïda Ndiaye
Analista de Incidencia política sobre protección de personal humanitario

La protección del personal humanitario y sanitario dista mucho de ser un tema nuevo para la comunidad humanitaria. La violencia generalizada contra la población civil caracteriza los conflictos contemporáneos y las necesidades humanitarias casi se han duplicado en cuatro años para alcanzar la cifra récord de 339 millones de personas necesitadas en 2023. Proteger al personal humanitario y sanitario significa garantizar que las comunidades vulnerables, atrapadas en conflictos provocados por el hombre y en crisis humanitarias complejas, puedan acceder a una ayuda y una asistencia sanitaria imparcial y que pueda salvar vidas. En los últimos años, los Estados y las ONG han adoptado diversas iniciativas y compromisos para abordar este tema, desde de marcos políticos de protección, como las Resoluciones 2175 (2014) y 2286 (2016) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), hasta recomendaciones, como las recogidas en el documento final de los debates de 2021 sobre la garantía de protección y seguridad del personal humanitario y médico en conflictos armados, así como campañas de incidencia de las ONG para promover una mejor protección.

A pesar de estos esfuerzos, la inseguridad del personal humanitario y sanitario sigue siendo alarmantemente alta. En 2022, la base de datos Aid Worker Security Database registró al menos 444 ataques contra personal humanitario, en los que murieron 116 de ellos. 2022 ha sido el año más violento en cuanto a ataques contra la asistencia sanitaria en una década, con 1.989 ataques y amenazas contra instalaciones y personal sanitario, lo que representa un aumento del 45% con relación a 2021. En cuanto al impacto sobre el personal sanitario, la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos informó de 232 personas sanitarias asesinadas, 298 secuestradas y 294 detenidas. Estas cifras confirman la necesidad de esfuerzos continuos y conjuntos por parte de la comunidad humanitaria, los Estados y los donantes para mejorar la protección del personal humanitario y sanitario y mantener esta cuestión en la agenda política y diplomática de más alto nivel.

Además, el personal nacional y local, incluido el personal sanitario local, que trabaja fuera del sistema de cooperación representa el 90% de las víctimas de los ataques. Al trabajar más cerca de las poblaciones en las zonas más peligrosas y remotas, sus retos específicos deben situarse en el centro.

Un reciente informe presentado por Acción contra el Hambre, la Federación Handicap International - Humanidad e Inclusión y Médicos del Mundo titulado “The risks we face are beyond human comprehension: Advancing the protection of humanitarian and health workers” señala como una de las prioridades de las ONG proteger mejor al personal humanitario y sanitario. A partir de una consulta a 79 representantes de ONG, el informe subraya los retos comunes a los que se enfrentan las ONG a la hora de garantizar la protección de su personal, y propone vías para avanzar en la seguridad del personal sanitario local. Sugiere recomendaciones operativas que se enmarcan en tres prioridades clave ampliamente compartidas por la comunidad de ONG para abordar esta cuestión crucial.

Las ONG subrayan como prioridad absoluta la necesidad de ampliar la gestión de riesgos de seguridad (GRS) y extenderla a los actores locales y nacionales, que siguen siendo los menos protegidos a la vez que los más expuestos a los riesgos. Esto requiere una financiación adecuada y eficaz de los costes relacionados con la seguridad. Las ONG siguen encontrando obstáculos a la hora de financiar sus costes de seguridad debido a determinadas políticas de los donantes, como las que imponen un coeficiente entre los costes de los programas y los de apoyo, o las que consideran los costes de seguridad como gastos generales. Esto acaba obligando a las organizaciones a recortar los gastos de seguridad para preservar otros gastos necesarios para el funcionamiento de sus operaciones. Por otro lado, las ONG también tienden a autocensurarse a la hora de incluir los costes de seguridad en sus propuestas. Los donantes y las ONG deben comprender mejor lo que puede suponer los costes de seguridad (formación en materia de seguridad, material, infraestructuras, recursos humanos, evaluaciones de riesgos de seguridad, etc.) para garantizar que las organizaciones puedan cumplir con su deber de diligencia hacia su personal. Además, los donantes deben prever partidas presupuestarias específicas para garantizar que los costes de seguridad de las ONG estén totalmente cubiertos. En cuanto a las ONG locales y nacionales (ONGL/N), informan de dificultades sistemáticas o de la negativa de los donantes y socios internacionales (por ejemplo, ONG internacionales y agencias de NN. UU.) a financiar sus costes de seguridad. Es necesario reconocer el riesgo que se transfiere a las ONGL/N y al personal sanitario local, que ya está sobreexpuestos, y entender su alcance para mitigarlo mejor.

Una forma de avanzar es adoptar un enfoque de riesgos compartidos; incluir la seguridad en los acuerdos de asociación y transferir recursos a los socios nacionales y locales para ayudarles a aplicar sus propias estrategias de gestión de riesgos. El estudio también subraya la necesidad de invertir y reforzar las políticas sobre el deber de diligencia (DdD) que incluyan servicios de reubicación, psicológicos, materiales y jurídicos tras los incidentes para el personal humanitario y sanitario, así como para sus familias, cuando proceda. Estas políticas deben estar plenamente financiadas y ser aplicables sobre el terreno, y estar disponibles por igual para el personal internacional y nacional. Para el personal sanitario local ajeno al sistema de cooperación, los MER y la DdD siguen siendo un punto ciego. Mientras que las organizaciones humanitarias están acostumbradas y formadas para operar en entornos expuestos, el personal sanitario no está formado para realizar ningún tipo de gestión de riesgos de seguridad. Por lo tanto, la comunidad humanitaria debería utilizar sus conocimientos para compartirlos con los equipos sanitarios. Para ello sería necesario apoyar y financiar plataformas de intercambio entre personal humanitario y profesionales de la salud, con el fin de compartir buenas prácticas, desarrollar una cultura de la GRS específica para cada contexto en el marco del sector sanitario, y modelos de GRS adaptados a los riesgos específicos a los que se enfrenta el personal sanitario.

La segunda prioridad exige mantener y ampliar la recogida, el intercambio y el análisis de datos sobre incidentes de seguridad a escala local y mundial. La comunidad humanitaria ha hecho grandes progresos en el establecimiento de sistemas eficaces de recogida e intercambio de datos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en lo que respecta a la puesta en común de datos entre las distintas entidades que los recopilan (por ejemplo, ONG operativas y no operativas, foros de ONG y plataformas de seguridad, grupos de trabajo o iniciativas dirigidas por la ONU). Dado que el intercambio de datos se basa en relaciones de confianza, es crucial que los organismos que recogen datos los compartan, a fin de tener una imagen completa de lo que ocurre sobre el terreno. También es necesario realizar esfuerzos para concienciar sobre los mecanismos de recogida de datos existentes y proporcionar a todos los actores, incluidos los locales, los medios y herramientas necesarias para cumplir los requisitos de notificación. Debe reforzarse la inclusión del personal nacional y local en las plataformas de datos y dar un mayor apoyo al enfoque localizado de la recopilación y el intercambio de datos. Por otra parte, para un uso eficiente de los datos disponibles sobre la violencia contra el personal humanitario y sanitario, debe garantizarse que los datos puedan utilizarse con fines de seguridad operativa, pero también para la incidencia y el cambio de políticas o para arrojar luz sobre una situación que pueda llevar a una investigación judicial. Además, la mejora de los datos disponibles para proteger la asistencia sanitaria de los ataques en zonas de conflicto exige recopilar y compartir datos precisos (incluidas fechas, lugares y autores) y disponibles para uso público, al tiempo que se abordan los riesgos de seguridad (es decir, las represalias de los autores de ataques) que pueden derivarse del intercambio de datos. En consonancia con la Resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad de NN. UU., es crucial que los ministerios de salud a nivel nacional se abstengan de politizar la recogida de datos y garanticen la presentación de informes precisos y pertinentes, incluso cuando los ataques sean llevados a cabo por sus propias fuerzas.

La comunidad de organizaciones humanitarias identificó una tercera prioridad que exige abordar el contexto más amplio de la inseguridad del personal humanitario y sanitario, que es la reducción del espacio humanitario. Si bien la gestión de riesgos y la recopilación e intercambio de datos son herramientas necesarias para prevenir, mitigar y responder a los ataques contra el personal humanitario y sanitario, no abordan las causas profundas. La inseguridad de este personal tiene sus raíces en el desprecio generalizado del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los principios humanitarios y la ética médica, así como en la creciente politización de la ayuda. Se trata de retos estructurales clave que requieren de la acción conjunta de los Estados, los donantes, NN. UU. y las ONG. Por ejemplo, la asignación política de fondos humanitarios por parte de los Estados y los donantes, basada en objetivos económicos o de seguridad en lugar de en las necesidades humanitarias, las líneas difusas entre los mandatos militares y humanitarios y la creciente desinformación en torno a los mandatos humanitarios impiden al personal humanitario y sanitario actuar de acuerdo con los principios humanitarios y la ética médica. Estos fenómenos hacen que se vean expuestos a mayores riesgos de violencia. El impacto de los regímenes de sanciones y medidas antiterroristas (RSMA) también se identifica como un problema. Plantea riesgos crecientes de criminalización del personal por prestar ayuda y asistencia sanitaria imparciales, especialmente a escala nacional, cuando las medidas prohíben dialogar con grupos armados no estatales o prestar asistencia en zonas bajo su control; en contradicción con el DIH. Por consiguiente, es urgente que los Estados incluyan exenciones humanitarias en todos los regímenes de sanciones y en los marcos relacionados con la lucha contra el terrorismo, incluyendo a nivel nacional los códigos penales, en consonancia con el espíritu de la Resolución 2664 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prevé exenciones humanitarias en todos los regímenes de sanciones de la ONU.

Por último, las ONG consideran que el desconocimiento, así como las violaciones deliberadas del derecho internacional humanitario, los principios humanitarios y la ética médica, son cuestiones fundamentales que deben abordarse. Estos marcos de protección son la piedra angular de la acción humanitaria y de la asistencia médica, pero falta su aplicación efectiva. Por consiguiente, es necesario garantizar recursos suficientes para la sensibilización, la formación y la integración de los derechos y obligaciones derivados de estos marcos, promoviendo una comprensión común de cómo se traducen en acciones concretas por parte de todos los actores clave (autoridades, grupos armados no estatales, comunidades beneficiarias y el propio personal humanitario y sanitario). En última instancia, la persistente impunidad de los ataques contra el personal humanitario y sanitario, debida a la falta de voluntad política y a la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas existentes y de los sistemas jurídicos nacionales en contextos de conflicto, sigue siendo problemática. Las ONG, así como el personal sanitario fuera del sistema de cooperación, debe recibir información, apoyo jurídico, herramientas adaptadas y refuerzo de sus capacidades para denunciar los ataques y apoyar la lucha contra la impunidad entre las organizaciones de voluntariado y las personas afectadas.

De ahí que la protección del personal humanitario y sanitario sea una responsabilidad colectiva y deba reforzarse a todos los niveles de la comunidad internacional y humanitaria. Implicará un seguimiento exhaustivo y sostenido para hacer operativos de forma efectiva los compromisos y marcos de protección existentes, con el fin de lograr un cambio sustantivo para estos hombres y mujeres que han decidido dedicar su vida a ayudar a los demás.


Aïda Ndiaye
Analista de Incidencia política sobre protección de personal humanitario y sanitario para el Proyecto ‘Presence, Proximity and Protection’ project (Action contre la Faim, Humanity and Inclusion y Médecins du Monde) financiado por ECHO