En 2020 hablar del conflicto palestino puede resultar repetitivo. Desde hace décadas esta pequeña porción de tierra juega un papel importante en los equilibrios geopolíticos de la zona de Oriente Medio y suscita indignación debido a las violaciones de derechos humanos contra la población palestina. El problema es exactamente éste: el trato que recibe la población palestina crea indignación en vez de políticas concretas para producir cambios significativos.
No era necesaria la pandemia de COVID-19 para que países como España casi se olvidasen de la situación en Cisjordania y en la Franja de Gaza. No lo han logrado tampoco años de recogida de testimonios y pruebas por parte de asociaciones locales, ONG internacionales y agencias de NN. UU., que han levantado varias veces la voz para exigir una respuesta de la comunidad internacional con respecto a las violaciones. De hecho, desde terreno, resulta difícil describir en qué medida la ocupación crónica y del conflicto prolongado afecta negativamente a cada aspecto de la vida cotidiana de la población palestina.
Desde hace más de 50 años las políticas implementadas por las autoridades israelíes han fragmentado el territorio de Cisjordania y aislado la Franja de Gaza, actuando de manera discriminatoria con respeto a la población palestina y comprometiendo derechos básicos, como la libertad de movimiento de personas y el acceso a agua potable. A la combinación entre ocupación, conflicto y fragmentación del tejido social, se suma el consecuente empeoramiento de la crisis de la economía palestina, que en los últimos años ha registrado una disminución del producto interior bruto (PIB) per cápita y un aumento de la pobreza. Al mismo tiempo, continúa el uso desproporcionado de violencia hacia la población, que viola los derechos básicos del ser humano, entre ellos, el derecho a la salud. Además, la fragilidad del sistema de salud palestino, que no logra consolidar un plan de desarrollo orgánico debido a la fragmentación geográfica, política e institucional, es ahora aún más evidente con la crisis de la COVID-19, que ha reflejado una profunda desproporción entre la demanda de servicios sanitarios y la oferta de los mismos.
Médicos del Mundo trabaja en el Territorio Ocupado Palestino desde 2006, apoyando las comunidades más vulnerables en el ejercicio del derecho a la salud a través del refuerzo de la atención primaria, salud sexual y reproductiva, salud mental integral, atención a la violencia de género, y en respuesta quirúrgica ante emergencias bélicas. A pesar de los altos niveles de exposición a la violencia política cronificada, a la pobreza y al desempleo, y otros factores de riesgo para las condiciones de salud mental, y aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya definido la salud mental y el bienestar psicosocial como un componente esencial de la salud, en el territorio palestino existe un elevado estigma en relación a la salud mental, lo que dificulta que se le dé una respuesta adecuada, existiendo un infrarregistro.
En Cisjordania hemos asistido en los últimos años a una política sistemática de demoliciones de viviendas palestinas y de ataques de colonos/as israelíes. Al mismo tiempo, se ha intensificado la construcción de asentamientos israelíes ilegales en el Área C de Cisjordania que, según los acuerdos internacionales de Oslo de 1993, es un territorio designado para la creación del futuro estado de Palestina. La mayoría de las comunidades beduinas con las cuales trabajamos viven precisamente en esta área, lo que implica una vida bajo la constante amenaza de sufrir en cualquier momento un desalojo, desplazamiento forzoso o demolición del hogar. Nuestros proyectos con las comunidades beduinas en Cisjordania se llevan a cabo con el objetivo de reforzar la resiliencia y mitigar los efectos de la violencia política en el bienestar psicosocial de las personas y comunidades afectadas. El testimonio de las mujeres beduinas con las que Médicos del Mundo trabaja demuestra que la salud mental y el bienestar psicosocial siguen siendo una prioridad.
Por su parte, la Franja de Gaza permanece bajo bloqueo militar por tierra, mar y aire desde 2007, que según NN. UU. representa un "castigo colectivo" y que, además de una violación del derecho internacional, representa una grave crisis humanitaria. La imposibilidad de salir y entrar en la franja ha convertido este lugar en una cárcel a cielo abierto, afectando gravemente al derecho a la salud de la población y dificultando extremadamente el acceso a servicios sanitarios vitales en hospitales y clínicas fuera de la Franja. Según un informe de NN. UU., se estimaba que la Franja de Gaza sería inhabitable en el año 2020. Hoy en día dos millones de personas viven en una superficie de 363 km2. La realidad del bloqueo, junto a una tasa de desempleo que alcanza más del 50% -más de 80% en el caso de las mujeres- y una situación donde el 53% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, contribuyen al aumento de personas que necesitan servicios de todo tipo, incluyendo el apoyo psicosocial. Además, teniendo en cuenta que la OMS estima que los trastornos mentales se duplican en las poblaciones después de las emergencias, los traumas psicológicos derivados de la violencia en Gaza, las guerras de 2008-2009 y 2014, y la respuesta militar a las Grandes Marchas del Retorno en 2018, han afectado a varios cientos de miles de gazatíes, en particular los niños y niñas, que requieren apoyo psicosocial y de salud mental a corto y largo plazo para la recuperación. En este contexto, Médicos del Mundo ha reforzado los servicios quirúrgicos de traumatología y ortopedia durante los conflictos, y trabaja para reforzar los servicios de salud mental integral desde el nivel comunitario, el sistema de salud y el sistema educativo.
A este escenario, ahora se añade el reto de la COVID-19. Al igual que en otros países, se confirma el peso de los determinantes sociales de salud. La pandemia afecta a todos, pero lo hace de manera desigual dependiendo del acceso a la información, el género y la edad, los esquemas de protección social existentes, el nivel económico, la capacidad de ahorro y los recursos disponibles, las redes de apoyo, las condiciones de la vivienda y el tamaño de la familia, etc. Por otra parte, el débil sistema sanitario palestino presenta carencias importantes en cuanto a la disponibilidad de personal para realizar rastreos, proporcionar tratamiento y mantener la atención primaria en funcionamiento, así como debilidades materiales para realizar suficientes muestreos y tratar los casos más graves. Políticamente, la emergencia sanitaria se suma a una situación de conflicto perpetuo, acentuada en los últimos meses por la presentación del plan del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de comenzar a anexionar partes del territorio en Cisjordania a partir de julio. Desde abril, el equipo de Médicos del Mundo ha continuado el apoyo a las autoridades sanitarias competentes en Cisjordania y Gaza informando a la población sobre las medidas de prevención; distribuyendo kits de higiene, material de protección y de análisis para el personal sanitario; proporcionado apoyo psicológico a distancia y servicios de atención primaria de salud durante el confinamiento a las comunidades más vulnerables, con el apoyo de organizaciones locales e internacionales.
En el territorio palestino, más que en el resto del mundo, la pandemia está haciendo patentes los efectos concretos de la injusticia cronificada en la salud de las personas. Más aún, la amenaza de la anexión ilegal de partes de Cisjordania profundizaría parte de las carencias estructurales palestinas, agravando aún más la vulnerabilidad existente. En Palestina, la COVID-19 corre el riesgo de convertirse en una catástrofe humanitaria, social y económica.