El VI Plan Director de la Cooperación Española (2023-2026), aprobado el 23 de julio de 2024 por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha sido, en general, bien valorado por todos los actores, destacando la prioridad y el compromiso que la cooperación Española (CE) adquiere con los derechos humanos, la cooperación feminista, la justicia social y ambiental, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, el reconocimiento de la diversidad, la promoción de la cultura de la paz y la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación. Algunas de estas prioridades vienen de lejos, otras son más novedosas pero todas ellas resultan muy pertinentes.
Es el primer plan director tras la aprobación de la nueva Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, lo que representa una oportunidad para trasladar a un documento estratégico y operativo los nuevos pronunciamientos que recoge la Ley. Entre estos pronunciamientos estaría la puesta en valor de la acción humanitaria, que tiene en este PD un contenido claro, detallado y bien estructurado, recogiendo el compromiso de alcanzar el 10 % de la AOD, tal como señala la Ley 1/2023.
Entre las novedades que plantea el VI PD destaca la articulación de las prioridades temáticas en torno a tres grandes compromisos de transformación que denomina transiciones y que son clave para cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así vemos que La Transición Social busca reducir las desigualdades y promover la inclusión social aplicando el enfoque de derechos humanos, igualdad de género, y lucha contra la pobreza; La Transición Ecológica prioriza la sostenibilidad medioambiental y la justicia climática, fomentando prácticas que protejan el medio ambiente y mitiguen el cambio climático; y la Transición Económica tiene como objetivo crear economías más justas y sostenibles, enfocándose en el desarrollo económico inclusivo y la creación de empleo digno.
Sin embargo, más allá del consenso en el marco adoptado, se echa en falta un mayor desarrollo y, en ocasiones, ampliar el foco de algunas temáticas que albergan las tres transiciones. En la primera de las transiciones, la referencia a las migraciones, una de cuyas consecuencias son las crisis migratorias, casi siempre se hace aludiendo a las políticas de los países emisores y no a los de los países receptores y en tránsito, quienes tienen mucha responsabilidad en la implementación de políticas migratorias. Y en el ámbito de la salud, la propuesta de que la prioridad de cooperación en salud sea promover el sistema español de salud, vistas las quejas públicas que se acumulan respecto a su funcionamiento en diversos ámbitos, parece poco adecuado. Sí lo sería un mayor énfasis en la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud y la estrategia de apoyo a la atención primaria como mejor vía para promover el Derecho a la Salud de todas las personas. Por otro lado, la pandemia nos ha enseñado la importancia de que la población tenga acceso, en condiciones de coste adecuadas, a las vacunas y a los medicamentos esenciales disponibles.
Sería importante que en estos años se apoyara la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial de Patentes de Medicamentos, para “el acceso a medicinas y tecnologías de la salud a través del acopio de patentes y la concesión de licencias voluntarias no exclusivas”; y que se proponga que la OMS estudie con la OMC y la OMPI las medidas necesarias para poder responder, con urgencia, a situaciones de grave riesgo para la salud global, mediante la provisión garantizada y accesible para los países en desarrollo, en condiciones de coste adecuadas, de las vacunas y los medicamentos esenciales necesarios.
En cuanto a la transición ecológica justa, muy pertinente su inclusión y el compromiso de la AOD española de apoyar los esfuerzos de los países socios de la Cooperación Española en materia de mitigación y, sobre todo, adaptación climática desde un enfoque de justicia climática. Sin embargo, las medidas propuestas en materia de sostenibilidad ambiental debieran ser más contundentes para enfrentar los desafíos del cambio climático.
En el apartado humanitario, las alusiones al Triple Nexo son bien recibidas, aunque hubiera sido deseable un mayor desarrollo de un instrumento clave para abordar de manera más efectiva las crisis complejas y prolongadas, como los conflictos armados, los desplazamientos forzados y los efectos del cambio climático. Por otro lado, se echa en falta una mayor presencia del Triple Nexo en otros apartados del PD, pues su aplicación no es exclusiva de la acción humanitaria, sino que es muy pertinente su implementación en acciones de desarrollo. Lo mismo sucede con las referencias al enfoque feminista, que hubieran requerido de mayor desarrollo y precisión.
La complejidad del contexto internacional hace pertinente cierta flexibilidad en las prioridades geográficas, como plantea el PD, siempre que se cumpla con los compromisos internacionales adquiridos como el de dedicar entre el 0,15 y 0,20% de su RNB en forma de ayuda a los países menos adelantados (PMA); o sea para atender “casos especiales de violación de derechos humanos en contextos de fragilidad y situaciones de alto impacto social y ambiental con repercusiones globales”. No obstante, trabajar en 36 países como recoge el PD puede ser excesivo, si todos ellos tienen la condición de prioritarios. En el “debe” del VI PD tenemos que apuntar la ausencia de un marco de resultados que nos permita a posteriori evaluar el Plan, o de una hoja de ruta para que la AOD alcance el 0,55% del RNB en 2027, como paso intermedio para alcanzar el 0,7% en 2030, tal y como recoge la Ley. El PD sí incluye escenarios presupuestarios tentativos para el período de vigencia del Plan, pero son escenarios que ni se explican, ni se justifican por lo que resultan poco creíbles.
Creíble pero poco preciso aparece recogido el compromiso de la CE con el multilateralismo. Cada vez son más los problemas globales que no se pueden atajar desde el ámbito de cada país y que requieren de la colaboración de todos. La CE apuesta por fortalecer la acción multilateral si bien falta una reflexión profunda que clarifique cuáles son las instituciones del sistema multilateral con las que de forma prioritaria pretende trabajar y crear alianzas que sean estratégicas. En definitiva, un PD comprometido con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que requiere, para avanzar en su cumplimiento, que la Reforma del Sistema de Cooperación que prevé la Nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global llegue a buen puerto.
Texto desarrollado con aportes del dictamen que el Consejo de Cooperación para el Desarrollo realizó sobre el VI Plan Director.