En los últimos años, el recrudecimiento de algunos conflictos y el estallido de otros nuevos se está viendo acompañado por un aumento en la violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas cuya vulnerabilidad se agrava en el caos de un conflicto, la separación de su familia y su comunidad o el tener que realizar determinadas tareas como buscar comida o leña, puede ponerlas en una situación de riesgo.
El último informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia sexual en conflictos10 muestra un panorama desolador que va desde Ucrania hasta Siria o Sudán del Sur, por poner solo algunos ejemplos. Como señala el informe, la violencia sexual en situaciones de conflicto sigue siendo generalizada y sistemática, alimentada por "el aumento de la desigualdad, la creciente militarización, la reducción del espacio cívico y el flujo ilícito de armas pequeñas y ligeras, entre otros factores". Además, en muchos conflictos, los cuerpos de las mujeres se convierten en armas de guerra y la violación en una táctica más para humillar y dominar. Según Pramila Patten, Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos11, es una táctica de terrorismo por parte de algunos grupos extremistas violentos y de grupos armados en lugares como Malí, Nigeria, Irak, Somalia o Siria, mediante la selección de víctimas de grupos étnicos, religiosos o políticos opuestos. La violencia sexual sigue siendo un motor del desplazamiento forzoso en países como Colombia, Somalia o Myanmar. No solo fuerza a las personas a huir de sus hogares, sino que, ante la impunidad total pare este tipo de crímenes, les impide regresar a sus hogares y recuperar sus tierras y recursos. Una situación no muy diferente a la de la República Democrática del Congo, donde los grupos armados utilizan la violencia sexual como una forma de castigo colectivo o una táctica más para asegurar su control sobre los recursos naturales y el territorio.
La violencia sexual puede tomar muchas formas, desde la violación, la esclavitud sexual, la prostitución o el embarazo forzado hasta la esterilización forzada. En Cabo Delgado, Mozambique y en Siria el secuestro, la violación y el matrimonio forzado de mujeres y niñas por parte de grupos armados no estatales se ha convertido en una práctica habitual. Mientras que, en Libia y Yemen, se ha producido un elevado número de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes y refugiadas, especialmente aquellas que se encuentran en centros de detención. La recogida de alimentos, agua o leña en la República centroafricana se ha convertido en una tarea peligrosa para miles de mujeres y niñas que puede terminar en violación o secuestro por los diferentes grupos armados que hay en el país. El impacto de la violencia sexual puede ser devastador, con consecuencias a largo plazo como el estrés postraumático, lesiones, embarazos no deseados, fístulas, infecciones de transmisión sexual como el VIH, además de la estigmatización social. Estigmatización que, unido a normas sociales dañinas relacionadas con el honor, la vergüenza y la culpabilización de las víctimas, el miedo a las represalias y la cultura de impunidad para este tipo de delitos hace que la mayoría de los casos de violencia sexual no se denuncien lo que impide que reciban los servicios que necesitan. Por otra parte, la inseguridad y la precariedad de los centros de salud dificultan el acceso a servicios básicos de salud, especialmente a los relacionados con la salud sexual y reproductiva que permitirían detectar y tratar infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc. La violencia sexual también puede afectar gravemente a la salud mental de la víctima, con consecuencias muy negativas a corto, medio o largo plazo. Aunque las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial son componentes esenciales del paquete integral de atención a supervivientes de la violencia sexual, la realidad es que pocas veces tienen acceso a este tipo de servicios.
Faltan servicios de atención y tratamiento a víctimas de violencia sexual, pero también de prevención y protección. Como pasa tantas veces, las promesas de financiación de la comunidad internacional se han quedado en papel mojado. Por todo ello, el Secretario General de NN. UU. incluye una serie de recomendaciones tanto para el Consejo de Seguridad como para la comunidad internacional que son fundamentales para abordar de manera integral la violencia sexual en conflictos. Las principales son:
Aunque son muchos los donantes comprometidos con la lucha contra la violencia sexual, las medidas políticas, la financiación y los mecanismos para prevenir, mitigar y dar respuesta a la violencia sexual siguen muy alejados de las promesas y compromisos adquiridos.